Arquitectos: la ausencia de planificación y gestión urbana en el AMBA se cobró más de 60 vidas

El Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires dio a conocer un comunicado relacionado con las inundaciones en la Ciudad Autónoma y en La Plata.

El mismo señala textualmente:

Pasado el duelo nacional por las víctimas fatales del temporal de lluvia que afectó a los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conurbano bonaerense y Ciudad de La Plata), y en orden al compromiso de los profesionales dedicados al urbanismo en relación a la agenda social y política bonaerense, el CAPBA, a través de sus Institutos y en particular el Instituto de Estudios Urbanos declara:

Expresar toda nuestra solidaridad con los habitantes de la región metropolitana que han sufrido pérdidas de todo tipo a causa de la tormenta, así como redoblar nuestro compromiso de seguir trabajando por ciudades más inclusivas, seguras, equitativas y solidarias.

Esta cifra aterradora de muertos, el pánico colectivo, las miles de víctimas que sufrieron daños irreparables que se calculan en más de 2.000 millones de pesos y que redundarán en traumas difíciles de sobrellevar, no son sólo el gravoso resultado provisorio y concreto de este drama, sino deben interpretarse como la revelación del déficit histórico en la agenda pública de políticas de planificación y gestión urbana.

Es inadmisible achacar a la pura fatalidad lo padecido en algunas localidades del AMBA, por más excepcional que haya sido el fenómeno meteorológico que las afectó. Podemos sumar a la lista de causales: la desaprensión por el ambiente natural, su topografía y régimen hídrico, la ausencia de planificación urbana, un dominante mercado inmobiliario regido sólo por las leyes que maximizan la renta urbana y la constante expulsión de los pobres hacia asentamientos localizados en los peores sitios, inducidos por la necesidad apremiante de encontrar un lugar para organizar su futuro. En coincidencia con el diluvio y después de él, extremaron el drama la carencia de planes de contingencia por parte de los gobiernos responsables, cuyas respuestas fueron dispares pero coincidieron en estar por debajo del desempeño eficaz.

Los profesionales que representamos, poseedores de la competencia en materia de urbanismo, así como los colegas de otras disciplinas concurrentes a la cuestión urbana, se han expuesto en los últimos días a los requerimientos de la prensa para intentar explicar las causas del fenómeno y los remedios para evitar las consecuencias más dramáticas. Infructuosa tarea la de satisfacer, de manera sintética y palmaria esta demanda social. Nos sentimos responsables de no haber amplificado y difundido los conocimientos y herramientas existentes que podrían haber reducido el impacto de la naturaleza así como no haber exhortado, con la vehemencia necesaria, el hacerse cargo por parte del estado; en todos sus niveles, del destino de las ciudades con políticas públicas específicas.

La política, única herramienta disponible para resolver satisfactoriamente este tipo de problemas debe asumir la agenda urbana, cuya complejidad requiere de altas capacidades técnica, plazos de formulación e implementación que superan sus mandatos y estrategias de financiamiento no tradicionales. La desjerarquización y dispersión de las áreas técnicas provinciales y municipales en materia de recursos, sumada a su inercia para adoptar modelos eficaces de gestión y promover procesos de planificación urbana, la carencia de articulación y cooperación interinstitucional en cuestiones regionales, son solo alguno de los déficits evidenciados.

La sociedad, que soporta cotidianamente las disfuncionalidades urbanas y es victima propiciatoria de este tipo de catástrofes, en espacial la población de menores ingresos, está conmovida reclamando respuestas, mientras no reflexiona sobre el modelo consumista depredador y no se conmueve por la privatización del espacio público y su consiguiente segregación social, ni cuestiona la carestía en el acceso al suelo urbano.

Vastos sectores populares no controlan la exposición al riesgo de su localización mientras que otros sectores más acomodados se entusiasman con la valorización de sus propiedades y son cómplices del ocultamiento de las zonas de riesgo hídrico.

Este problema, que podemos definir como “urbanización insensata”, recae en múltiples responsabilidades, empezando por el hecho de que desde la fundación de estas ciudades no se respetaron las leyes naturales respecto de su emplazamiento sobre cuencas hídricas inundables.

Los desarrollos urbanos planificados han sido inexistentes y la metrópolis creció dominada más por las leyes del mercado que por la política.

Bajo otros paradigmas, la provincia de Buenos Aires aplico en 1880 las más adecuadas técnicas disponibles en su tiempo al fundar La Plata, su capital, y contó en 1913 con la Ley 3487 de Creación de Pueblos, reemplazada en 1977 por la Ley 8912 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo. Esta última, fracasada en sus pretensiones planificadoras (menos del 20% de nuestras ciudades cumplieron las metas establecidas de contar con un Plan Urbano), ya no posee las capacidades instrumentales necesarias para equilibrar el territorio y reconducir el desarrollo urbano, a pesar de las iniciativas que empieza a impulsar la sociedad civil, y que el CAPBA acompaña, como la Sanción de la Ley de Acceso Justo al Hábitat.

Vistos los déficits acumulados por décadas de desinversión y privatizaciones que estaban destinadas al fracaso, se puede estimar la misma insuficiencia a las crecientes inversiones realizadas en materia de obras de infraestructura en la última década.

Es necesario invertir en este tipo de obras acompañadas de políticas públicas que controlen el proceso de urbanización, de lo contrario las mismas nunca van a ser suficientes.

Desacreditados los desvíos noventistas relativos a la “competitividad urbana”, nuestra experiencia deja en claro que es imposible sostener ciudades más justas, inclusivas y solidarias sin el marco de políticas nacionales y regionales, que promuevan la autonomía política, los valores democráticos, el desarrollo económico inclusivo y la justicia social.

Sin embargo no se sostiene con la misma contundencia la imposibilidad de desarrollarnos como nación, de manera creciente y sostenible, sin el dictado e implementación de políticas urbanas especificas en todos los niveles de gobierno; creemos firmemente en la necesidad de acelerar la implementación de políticas como: una Ley de ordenamiento territorial federal que reestablezca el rol del estado en la planificación territorial y urbana, la ampliación y mejora del parque habitacional, el acceso al suelo urbano, la provisión universal de los servicios de saneamiento, la resolución de las necesidades de movilidad y transporte, un absoluto respeto al ambiente, la implementación del uso de planes de contingencias, así como sistemas de alerta temprana, entre otras.

Sostenemos que los objetivos de las vigentes políticas socioeconómicas redistributivas, de ampliación de derechos, de impulso al desarrollo económico local basado en la incorporación de valor agregado, de incremento de la seguridad ciudadana y de democratización de la sociedad, requieren para que sean percibidos concretamente por sus destinatarios, de los correlatos normativos, instrumentales y programáticos de estricto carácter territorial urbano que sólo pueden ser impulsados por el Estado.

En orden a lo expuesto, queremos poner el acento en la imperiosa necesidad de acelerar y profundizar la formulación e implementación de políticas urbanas específicas a todos los niveles de gobierno, a partir de la sensibilización y jerarquización de las mismas en la agenda social, mediática y política.

La tragedia, que afectó transversalmente a todas las clases sociales, con diferentes impactos de acuerdo a las diversas condiciones habitacionales, puede alentarnos a que, pasada la emergencia, se mantenga una clara y sostenida demanda social a los poderes públicos en este sentido, clave de tímpano para este posicionamiento.