Señor Presidente de la Nación, Javier Milei, devuélvale los medicamentos a las y los argentinos

Un programa que tiene más de 24 años, que abastece a más de 8.000 centros de salud y que garantiza medicamentos esenciales a más de 20 millones de personas. Cubre el 85% de las enfermedades más frecuentes, tanto crónicas como hipertensión, diabetes, EPOC, hipotiroidismo; como agudas, infecciones o problemas respiratorios, que se vuelve más que importante en muchos municipios, departamentos y pueblos de nuestro país donde no hay una farmacia comercial que dispense medicamentos. 

Es una política pública clave que surgió en 2002, después de la crisis de 2001, cuando casi la mitad de la población no tenía acceso a medicamentos. Fue una respuesta a una crisis sanitaria gravísima. Su alcance es aún más crítico en zonas alejadas donde el único acceso a medicamentos es a través del Estado. 

Es el programa de medicamentos más importante del país y uno de los más relevantes a nivel mundial. A partir de 2003, con la llegada de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, esta política pública se profundizó y se potenció, transformándose en un derecho adquirido y en un piso de acceso a los medicamentos para la ciudadanía. No solo por la cantidad de medicamentos que proveía, sino porque consolidó el concepto de derecho universal a la salud, con accesibilidad para todos, independientemente de los recursos o de dónde se viva.

Hoy, dos décadas después, su destrucción constituye una de las atrocidades sanitarias más graves que estamos atravesando. Para dimensionarlo: varias generaciones de médicos nos formamos y desarrollamos buena parte de nuestra carrera profesional contando con el botiquín del Remediar en nuestros centros de salud, nunca afrontamos la frustración e incertidumbre de no saber cómo garantizar un tratamiento básico a nuestros pacientes.

La realidad es que desde que Milei inició su Gobierno en diciembre de 2023 hasta la fecha, los envíos que realiza el programa a cada centro de salud disminuyeron en número de establecimientos, de botiquines y en unidades mínimas por cada línea terapéutica. 

De los más de 100 medicamentos en el vademécum, solo 59 fueron comprometidos en las últimas distribuciones.

Se entregaron un 25% menos de botiquines -si comparamos el año 2024 con el 2023-, además se redujo el 92% de las entregas de antihipertensivos, el 52% de antibióticos y 51% de medicación para diabetes. 

La tendencia en la caída de la dispensa de medicamentos se viene replicando en todas las provincias del país en los últimos años y refleja un proceso de deterioro previo. La situación es muy compleja. 

En el caso de la provincia de Buenos Aires, se observa una contracción significativa en la cobertura y volumen de provisión entre 2023 y 2026. La cantidad de centros de salud abastecidos se redujo de 1.617 a 1.132, mientras que los botiquines distribuidos cayeron de 5.142 a 2.110. En términos de volumen, las unidades mínimas de medicamentos tuvieron una reducción superior al 55%. A esto se suma que no hay stock garantizado para 2026. 

Pero además del suministro de medicamentos, el programa cumple una función estratégica dentro del sistema sanitario: fortalece la atención primaria. Los medicamentos se entregan en centros de salud, no en hospitales, para evitar que toda esa demanda se concentre en las guardias. Los recortes planteados por el Gobierno nacional, en un contexto de aumento de la demanda, podrían generar que todas estas personas vayan a las guardias por cuestiones básicas y el sistema podría colapsar. Desde cualquier punto de vista, es un desastre total.

La preocupación es aún mayor si pensamos en el momento del año en el cual están llevando a cabo este desabastecimiento, estamos entrando en el invierno, época en la cual sabemos que aumentan las enfermedades respiratorias. Empezar la temporada alta sin medicamentos, es como que te manden a la guerra sin fusiles.

Somos conscientes y advertimos que esto no es una medida aislada, sino que forma parte de un recorte sistemático y progresivo en salud pública: recorte del 75% del presupuesto nacional en áreas clave como VIH, Hepatitis, Tuberculosis; desmantelamiento del Programa Nacional de Cuidados Paliativos; cierre del Instituto Nacional del Cáncer; desmantelamiento del programa de Cardiopatías Congénitas; entrega discontinua y demoras de vacunas. Y esto es solo por nombrar algunas de las más relevantes.

Al fin y al cabo, lo que está en juego no tiene que ver sólo con el programa Remediar sino con el modelo de salud que queremos para nuestro país. Desfinanciar y reducir una política que garantiza el acceso a medicamentos esenciales para millones de personas implica correr el eje hacia la urgencia, de la atención primaria a la saturación hospitalaria, la redefinición del rol del Estado en el sistema de salud. 

En un contexto de crisis social y de aumento de la demanda, este tipo de medidas profundizan las desigualdades y ponen en riesgo la capacidad de respuesta de todo el sistema sanitario. 

El acceso a medicamentos es un derecho y como tal, debe ser garantizado. Lo que están haciendo es un atentado a la salud pública y no podemos permitirlo.