La AFIP abre la inscripción a la moratoria para deudas tributarias, aduaneras y previsionales
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) abrirá este jueves la inscripción para adherir a la ampliación de la moratoria 2020, destinada a empresas, comerciantes, profesionales, monotributistas, autónomos, cooperativas y entidades sin fines de lucro.
A través de la resolución general 4816 publicada en el Boletín Oficial, la AFIP estableció que los adherentes podrán regularizar sus deudas tributarias, aduaneras y previsionales en hasta 120 cuotas.
Además, precisó que los contribuyentes tienen tiempo hasta el 31 de octubre próximo para registrarse a través de afip.gob.ar.
«Para volver a crecer es necesario quitar la mochila muy grande que tiene el sector productivo. El objetivo de la ampliación de la moratoria es aliviar la situación de los contribuyentes», indicó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
La funcionaria subrayó que la moratoria «es una herramienta más del Estado para amortiguar el daño, sostener los puestos de trabajo y encarar el proceso de recuperación después de la crisis a la que condujo el gobierno anterior y que profundizó la pandemia».
La resolución de hoy puso en marcha la Ley 27.562, iniciativa aprobada por el Congreso, que extendió el alcance de la Moratoria 2020 para incluir a aquellas personas humanas y jurídicas que originalmente no habían sido contempladas a finales del año pasado.
La ampliación de la moratoria no solo extiende el universo de contribuyentes beneficiados sino que también contempla la posibilidad de regularizar deudas con la AFIP generadas durante la pandemia del coronavirus.
Para eso, permite la inclusión de obligaciones vencidas hasta el 31 de julio último, y las empresas e individuos que adhieran al plan de facilidades comenzarán a pagar la primera cuota el 16 de diciembre.
La moratoria prevé beneficios para los contribuyentes cumplidores, y contempla plazos más extensos para que los pequeños contribuyentes regularicen sus obligaciones vencidas.
Las empresas e individuos que cuenten con un Certificado Mipyme vigente al momento de adhesión podrán acceder a 120 cuotas para pagar sus deudas tributarias y aduaneras, así como 60 cuotas para los aportes de la seguridad social.
El resto de los contribuyentes podrá ingresar sus deudas tributarias y aduaneras en planes de facilidades de hasta 96 cuotas y contará con plazos de hasta 48 meses para las obligaciones previsionales.
«La ampliación de la Moratoria 2020 forma parte del conjunto de medidas estatales como el programa ATP, el IFE y las líneas de crédito a la producción que buscan amortiguar el impacto de la pandemia. Políticas públicas para acompañar la producción y trabajo», indicó Marcó del Pont.
De acuerdo con la ley 27.562, promulgada por el decreto 699/2020, la tasa de interés del plan de pago en cuotas será del 2% mensual hasta enero de 2021 y, luego, se aplicará una tasa variable.
Las empresas grandes que adhieran, no podrán en los próximos 24 meses distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas.
Asimismo, la legislación establece un premio a los cumplidores y, en el caso del monotributo, una condonación del componente impositivo de seis cuotas para las categorías A y B.
En tanto, para las categorías C y D será de cinco; en las E y F, de cuatro; en la G, de tres; y en las I, J y K, de dos.
En ningún caso el límite del beneficio podrá superar los $ 17.500, habrá un descuento del 15% para quienes paguen al contado, y no podrán acceder quienes tengan activos financieros en el exterior y no repatríen por lo menos el 30% dentro de los 60 días.
La caducidad de la moratoria será por falta de pago de tres cuotas para grandes empresas y de seis para micro, pequeñas y medianas empresas.
Las organizaciones comunitarias fueron incluidas como beneficiarias de la moratoria, y el acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y penales aduaneras en curso y la interrupción de la prescripción penal respecto de los autores o las autoras.
