El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires y obras paralizadas por el Gobierno Nacional, sin mención a Rutas 5 y 33

El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) lanzó una advertencia sobre situaciones concretas en las que la falta de inversión y mantenimiento impacta directamente en la seguridad de la población.  

“No se pueden dejar de mantener las rutas y caminos como no se pueden dejar de limpiar los cursos de agua”, enfatizó el presidente del CIPBA, Jorge Castellano.  

Los profesionales elevaron una nota a la Dirección Nacional de Vialidad, en la que se advierte sobre la situación crítica del cruce entre la Ruta Nacional N° 3 y la denominada Ruta 3 Vieja, en el corredor Bahía Blanca–Monte Hermoso. Allí, según detallaron, las condiciones geométricas del trazado —con accesos en curva, visibilidad reducida y maniobras forzadas— no cumplen con criterios básicos de seguridad vial.  

El documento enumera una serie de accidentes fatales ocurridos en ese punto durante 2025, con múltiples víctimas, lo que refuerza la urgencia de intervención.

También se señala que la ausencia de una política nacional activa en materia de infraestructura obliga a que las respuestas surjan de manera fragmentada, muchas veces con recursos limitados y sin capacidad de abordar obras estructurales en tiempo y forma.

El titular del Colegio señaló que la Provincia de Buenos Aires intenta sostener parte de la actividad, como ocurre por ejemplo con llamado a licitación para continuar la ejecución del túnel de la avenida Illia en San Justo, una obra clave para la conectividad del conurbano que había quedado paralizada y que ahora busca reactivarse con financiamiento provincial.

A esto se suman intervenciones de menor escala —cloacas, desagües pluviales, mantenimiento urbano— que, si bien no tienen la visibilidad de los grandes proyectos, resultan esenciales para garantizar condiciones básicas de habitabilidad. Sin embargo, incluso estas obras se ven condicionadas por un cambio profundo en el esquema de financiamiento: ante la falta de crédito, la Provincia recurre principalmente a fondos propios, lo que restringe el alcance de las inversiones. “La financiación es mucho más compleja y su alcance mucho mas reducido”, advirtió Castellano.

La necesidad de una regularización urgente

En este contexto, la entidad no solo refuerza su rol técnico e institucional, sino que también advierte sobre los puntos críticos donde la falta de obras deja de ser un problema meramente económico para convertirse en una cuestión de seguridad pública que requiere una intervención urgente por parte de las autoridades.

Desde el Colegio pusieron el foco en la situación jurídica de las obras paralizadas —nacionales, provinciales y municipales—, detenidas por la falta de pago de certificados y de los fondos necesarios para su continuidad.

También señalaron que los organismos responsables han suspendido su ejecución mediante comunicaciones de escaso sustento legal, transfiriendo, ante cualquier eventual incidente, la responsabilidad civil a las empresas y sus aseguradoras, y la responsabilidad penal a los profesionales intervinientes.

Todo esto ocurre en obras que no pueden ser abandonadas formalmente y en las que, además, no se realizan tareas básicas de mantenimiento como señalización, bacheo o reparaciones. Frente a este escenario, la entidad solicitó que se regularice de manera urgente la situación particular de cada obra.