#Golpazo judicial para el Gobierno# La Cámara Federal de Mar del Plata pidió se adopten medidas urgentes en la Ruta 3, entre Azul y Cacharí

El fallo, que revocó una resolución anterior del Juzgado Federal N° 2 de Azul que había rechazado el planteo, se fundamentó en el grave deterioro de la calzada y en el riesgo concreto para quienes circulan por esa vía.

Los camaristas tuvieron especialmente en cuenta un relevamiento de la Policía Federal Argentina que constató la presencia de baches, hundimientos, huellas provocadas por el tránsito pesado y falta de señalización en distintos sectores del tramo.

Además, se incorporó un informe de siniestralidad que registró once accidentes durante los seis meses anteriores.

Qué medidas deberán ejecutarse

El fallo establece que Vialidad Nacional y Corredores Viales deberán implementar, al menos, tres grupos de medidas: 

-Señalización preventiva: colocación de carteles de advertencia, indicaciones de reducción de velocidad, balizamiento y dispositivos de visibilidad nocturna.

 -Ordenamiento del tránsito: desvíos, encauzamientos o restricciones parciales cuando resulten técnicamente necesarios.

-Reparaciones urgentes y focalizadas: ejecución de tareas provisorias en los sectores que presenten mayor peligrosidad para la circulación.

Plazos y control judicial

Los magistrados fijaron un plazo máximo de 120 días corridos para concretar las tareas, bajo estricto control judicial. Dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación, las demandadas deberán presentar ante el Juzgado Federal N° 2 de Azul un plan detallado de trabajo que incluya: las tareas prioritarias, los sectores alcanzados, los responsables de cada intervención, el cronograma de ejecución y las medidas de contingencia previstas.

Además, deberán acreditar el inicio efectivo de los trabajos y presentar informes mensuales sobre el avance de las obras.

La Cámara recordó jurisprudencia de la Corte Suprema según la cual quienes tienen a su cargo servicios relacionados con la seguridad de las personas deben adoptar todas las medidas razonables para evitar riesgos previsibles, y subrayó que la protección constitucional de la vida y la seguridad de los usuarios justifica la intervención urgente ante la evidencia de un peligro concreto. (InfoGEI)