Presunta defraudación millonaria en el INTA de Anguil motiva allanamientos en ese organismo
La nota publicada por el reconocido matutino pampeano se publica textual. Un tema que esta región también debe seguir. La causa se inició por una investigación de La Arena
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En el marco de la investigación judicial por una denuncia de defraudación en el INTA Anguil, la Policía Federal realizó ayer distintos allanamientos en dependencias de ese organismo que está bajo la órbita del gobierno nacional. Se secuestró documentación y también elementos tecnológicos como computadoras para buscar información respecto a la presunta malversación que se habría cometido con la venta de hacienda para beneficio de algunas personas.
Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en las dependencias del INTA Anguil sobre la ruta nacional 5, en las oficinas del organismo sobre la avenida Spinetto y la calle Río Negro de Santa Rosa y también en oficinas de Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Según la información a la que accedió este diario, los operativos con agentes de la Policía Federal fueron dispuestos por el Juzgado Federal en Santa Rosa que está a cargo de Juan José Baric y en colaboración con el Juzgado porteño que recibió la denuncia.
“Se secuestra documentación referida a malversación de fondos como así también de elementos institucionales y animales. También se secuestran elementos tecnológicos como CPU y otros”, según se informó.
Fuentes judiciales consultadas por este diario explicaron que la causa se inició por una denuncia que hizo la Fiscalía Federal basada en un artículo periodístico publicado por LA ARENA. «A raíz de eso, pidió el allanamiento del INTA Anguil, de la regional que está en la avenida Spinetto, y de las oficinas de Intea», señalaron.
En ese sentido, indicaron que como no hay una fecha precisa de cuándo ocurrieron los hechos, la fiscal Iara Silvestre pidió que «se secuestre documentación que pudiera acreditar este hecho de los últimos cinco años, es decir desde el último semestre de 2008».
Las tres órdenes de allanamiento se concretaron este martes. En Anguil y Santa Rosa intervino la Policía Federal, mientras que en CABA, donde tiene sus oficinas Intea, actuó la Policía de la Ciudad.
El objetivo de los operativos era secuestrar documentación vinculada el hecho que se investiga, tanto en soporte papel como digital. «Para no afectar el funcionamiento del organismo, se dispuso extraer copias de los soportes digitales. Si no era posible, se secuestraba el elemento informático, cosa que sí ocurrió», explicaron.
Incluso, en Anguil fue secuestrada una «notebook que utilizaba la persona sospechada de actividades ilícita, que fue separada y desde entonces está en desuso». En las oficinas de Inta también se logró secuestrar documentación y elementos informáticos que serán peritados.
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Denuncia.
LA ARENA publicó hace una semana que la Unidad de Auditoría de Buenos Aires investiga una presunta defraudación contra el INTA Anguil por una cifra millonaria. Se busca determinar si personas vinculadas al organismo vendían hacienda para beneficio propio a un frigorífico y a carnicerías.
Según las sospechas, unas tres personas vinculadas a la Estación Experimental Agropecuaria Anguil estaban vendiendo novillos terminados para beneficio propio. Las fuentes explicaron que allí se producen novillos que una vez terminados van a una jaula que, hoy, tiene un valor aproximado de 10 millones de pesos (serían unos 14 mil kilos de carne).
Una persona sospechada del ilícito fue separada del cargo y habría devuelto el dinero de una última venta, detectada en diciembre del año pasado a través de una boleta. “El problema es que esa persona estuvo diez años trabajando sola, sin supervisión, y para atrás no se investiga nada. ¿Cuánto dinero pudo haber hecho en todo ese tiempo? Ahora designaron a un supervisor, pero para atrás no se investiga, todo queda como está. Como si no hubiese pasado nada y es lamentable porque hay muchos involucrados”, lamentó alguien que conoce de cerca del funcionamiento interno del INTA.
El entramado detrás de la denuncia también permitió conocer que los fondos que se generan con el trabajo de la entidad estatal están bajo la órbita de Intea, una empresa “de capitales mixtos” que se encarga de la administración y recaudación de lo producido.
Intea es una firma creada en 1996 por el INTA para poder recaudar los ingresos generados por la venta de productos y tecnologías generados y producidos por los investigadores del organismo público y administrar además los convenios de cooperación firmados con empresas del sector privado.
Investigación “a fondo”.
En un primer momento las autoridades del INTA a las que se llamó desde esta redacción no respondieron a la requisitoria y un día después sí hubo contestación oficial desde la sede central organismo y también desde la regional.
En una nota dirigida a LA ARENA, el director del Centro Regional La Pampa-San Luis del INTA, Jorge Reynals, confirmó que “efectivamente el INTA ha tomado conocimiento de presuntas irregularidades en la EEA Anguil” y que “conforme la normativa vigente se ha dado curso, oportunamente, a la intervención institucional que corresponde para el esclarecimiento de los hechos”.
En otro tramo de la misma nota, Reynals confirma además que la institución “está en conocimiento y se arbitraron los medios necesarios para dilucidar la veracidad de presuntas irregularidades”.
También sostiene en el escrito que “la investigación iniciada irá hasta el fondo de los hechos, con las consecuencias que el proceso determine para sus responsables”.
En tanto, llamativamente, utilizando prácticamente los mismos términos y casi al unísono la empresa Intea remitió una nota en la que señala que “en el marco de la total institucionalidad, la transparencia, el derecho y la historia que caracteriza a nuestra empresa, les hacemos saber que la información publicada, aún en forma potencial, incluyen aseveraciones e “información” incorrectas e infundadas que dañan el trabajo y prestigio de la institución y sus empleados”.
Añadieron que “sin perjuicio de lo anterior, Intea SA ha dado curso a la intervención institucional que corresponde a fin de determinar la existencia de posibles irregularidades y presuntos responsables”. “Tengan plena certeza de que la investigación iniciada irá hasta el fondo de los hechos, con las consecuencias que el proceso determine para sus responsables”, señala finalmente el escrito, que lleva la firma del gerente general de la empresa, Fernando López.