De acuerdo a lo que se mencionó previamente, el ex intendente de H.Yrigoyen la sacaría «barata»
También se pidió la inhabilitación para ejercer cargos públicos. En tanto que el abogado defensor la absolución.
La fiscalía que entiende en la causa que sentó en el banquillo de los acusados al ex intendente de Hipólito Yrigoyen, Enrique Tkacick por negociaciones incompatibles con funciones públicas, solicitó un año y seis meses de prisión en suspenso para el ex mandatario, y un año y cuatro meses para Luis Angel Pérez, que fuera su secretario de Gobierno. También se pidió la inhabilitación para ejercer cargos públicos. En tanto que el abogado defensor de ambos solicitó la absolución.
Habrá que esperar ahora hasta el jueves 29 para la lectura del veredicto y saber si este resulta condenatorio o absolutorio.
Entre quienes concurrieron como testigos a Trenque Lauquen por la parte acusadora estuvieron el actual intendente Ignacio Pugnaloni; la titular de Asuntos Legales del Municipio, Linda López, y el concejal Leandro Castaño.
Características de la causa
En diciembre de 2006 Tkacik en ejercicio del cargo de intendente, violando los deberes a su cargo al realizar negociaciones incompatibles con su función pública, inició gestiones ante la Dirección Provincial de Desarrollo Sustentable para conceder en su propio beneficio la categorización de Industria para radicar en el Área Industrial Planificada a su empresa denominada “Enrique Tkacik” que se dedica a la extracción de aceites esenciales, produciendo hoja deshidratada y aceite de laurel.
Siempre según la parte acusadora, en octubre de 2006, como un vecino particular se solicitó a sí mismo como intendente la habilitación municipal requerida para radicar su empresa en el parque industrial.
De acuerdo a lo que se supo la investigación expuso en el juicio también que luego, en febrero de 2007, en su función de jefe comunal, se concedió a sí mismo como particular, y por un plazo de 5 años, las franquicias y beneficios de la tasa municipal de habilitación de comercio e industria; de Inspección, Seguridad e Higiene; derechos de Construcción; derechos de Propaganda y Publicidad, y derechos de Oficina. Y en la misma sucesión de expedientes, en agosto de 2007, mediante un decreto, se otorgó con su firma a la empresa que está a su nombre el certificado de impacto ambiental.
Se especulaba que podía ser condenado a 6 años de prisión.
