Intervención de Vicentín: Denuncia penal de Juntos por el Cambio contra el presidente de la Nación

Diputados de Juntos por el Cambio presentaron este martes una denuncia penal ante la Justicia contra el presidente Alberto Fernández, por el delito de «abuso de autoridad» ante su decisión de nombrar un interventor en la empresa Vicentín, previo a su proceso de expropiación.

La misma fue radicada en los tribunales de Comodoro Py por los legisladores opositores Waldo Wolff, Federico Angelini, Pablo Torello, Gisella Scaglia, Álvaro de Lamadrid, Luis Petri y Marcela Campagnoli.

«El Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada, cualquiera sea el estado de su patrimonio y el alcance de sus deudas, pues ello implica la violación de uno de los principios esenciales de nuestro sistema constitucional: la propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley», argumentan los firmantes en la denuncia.

Según sostienen, el decreto 522 publicado este martes en el Boletín Oficial viola varios artículos de la Constitución nacional, que de acuerdo a su interpretación «prohíbe al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales otorgar facultades extraordinarias por las cuales la fortuna de los argentinos quede a merced de personas o gobierno alguno».

«Las normas de esa naturaleza son insanablemente nulas y quienes las emitan serán considerados infames traidores a la patria. En consecuencia, si el Congreso no puede otorgar esas facultades, obviamente no puede atribuírselas el Poder Ejecutivo por un Decreto de Necesidad y Urgencia», asegura la presentación judicial.

La denuncia también insiste en que no existen circunstancias que “justifiquen la intromisión del Poder Ejecutivo en un procedimiento concursal, más que como parte, si tuviera un interés legítimo”.

Además, agrega que «la decisión del Poder Ejecutivo Nacional viola el sistema republicano de Gobierno, pues invade potestades propias de la competencia judicial de la Provincia de Santa Fe, donde está radicado el proceso concursal mencionado».

«Por lo expuesto, la lisa y llana decisión de intervenir la gestión de la empresa en cuestión resulta violatoria del proceso concursal y de las normas constitucionales mencionadas», lo que para los firmantes “importa la comisión del delito de abuso de autoridad, previsto en el art. 248 del Código Penal”.