Juicio Oral y Público contra la jueza Pérez Ballester y la asesora Catán

Comenzó el juicio oral y público contra la jueza pampeana Ana Clara Pérez Ballester y la asesora Elisa Alejandra Catán, acusadas de mal desempeño en la tramitación de los expedientes por la tutela y el cuidado personal del niño Lucio Dupuy, fallecido el 26 de noviembre de 2021.

Se escucharon los alegatos de las partes, tanto la acusación por parte del fiscal general Guillermo Sancho -interviene como procurador subrogante- como las defensas a cargo del abogado Pablo Rodriguez Salto en representación de la jueza y Ana Carolina Díaz en nombre de Catán. Ninguna de las dos funcionarias quiso declarar. 

El jurado de enjuiciamiento está conformado por su presidente, y a su vez titular del Superior Tribunal de Justicia, Fabricio Luis Losi; las legisladoras provinciales María Silvia Larreta y María Andrea Valderrama Calvo, y las abogadas por la matrícula, Silvina María Garro y María Natalia Gaccio (fueron designadas por sorteo). También intervienen el procurador general subrogante, Guillermo Sancho –en reemplazo del titular, Mario Oscar Bongianino, quien se excusó a partir de una recusación planteada por Catán–; el abogado particular de Pérez Ballester, Pablo Rodríguez Salto; y las defensoras oficiales de Catán, la defensora general Carina Ganuza y Ana Carolina Díaz.

Sancho acusó en forma verbal a Pérez Ballester, a cargo del Juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N° 1 de General Pico; y a Catán, responsable de Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes N° 2 de esa ciudad. Ellas fueron suspendidas preventivamente por el jurado «mientras dure la tramitación del juicio».

Está programado que se escuche a 40 testigos, durante esta semana. Diez fueron requeridos por la Procuración, 21 por la defensa de Pérez Ballester y 28 por la defensa de Catán. En la mayoría de los casos un testigo fue solicitado por dos de las partes y solamente dos testimonios fueron pedidos por todas las partes.

Además de los actos procesales anunciados, expondrán 12 testigos ante el jurado; mañana están citados ocho, y el jueves y viernes (a partir de las 8) concurrirán 13 y 7, respectivamente.

Sancho consideró que la jueza Ana Clara Pérez Ballester y la asesora Elisa Alejandra Catán incumplieron sus funciones, entre otras cosas porque no atendieron las demandas del propio niño y de su familia paterna.

Sancho explicó que las actuaciones dieron inicio a partir de la denuncia de diputados del PRO. Interpretó que «no se escuchó a Lucio».

Enumeró que se presumió que no estaba en condiciones de prestar declaración; y que eso afectó los derechos del niño. También cuestionó que las funcionarias judiciales omitieron escuchar al padre y a la propia madre del niño, a pesar de que está previsto por la ley.

«El contexto ameritaba que se hiciera», interpretó y consideró que «esto se podría haber hecho de oficio por pedido de la jueza».

El fiscal insistió en que «no se escuchó al niño, y eso era más importante por la decisión que se iba a adoptar».

«No se escuchó ni al padre ni a la madre en este acuerdo, lo que provocó que el niño fuera trasladado. Lucio vivía con la madre un mes antes de que se homologara el acuerdo», reveló.

El abogado Pablo Rodríguez Salto, defensor de la magistrada acusada, en el marco del jury señaló que Ana Clara Pérez Ballester no decidió entregar la guarda de Lucio Dupuy a su madre, sino que esa situación fue fruto de un acuerdo entre partes. Así lo afirmó Respaldó lo actuado por la jueza y dijo que al momento de su intervención no había indicio alguno de posibles hechos de violencia.

La defensa insistió en que en el jury no se tratan los hechos que llevaron al homicidio de Lucio, porque «ya fueron juzgados y esas personas fueron condenadas». 

«Las partes entregaron el niño y ratificaron esa decisión presentando un acuerdo en el que explicaban los motivos por los que el niño iba a continuar viviendo con la madre. Cuando a la jueza le llega el expediente, ese proceso no era con controversia. No existían dos reclamos en pugna. No había dos o más personas que se disputaban continuar con el cuidado del niño. Había una sola postura tomada por las dos partes», insistió.

La abogada Ana Carolina Díaz, en defensa de la acusada Alejandra Catán, planteó la inconstitucionalidad del jurado de Enjuiciamiento en su conformación. «Es el mismo jurado el que investigó y el que juzga. Se afectan los derechos de mi defendida», dijo.

Interpretó además que «la acusación no está fundada en derecho, no tenemos acusación. Se olvidan dos cuestiones puntuales del niño: la edad y el grado de madurez. Lucio tenía dos años al momento del expediente. No entiende los intereses que están tratando», contraatacó.

También salió al cruce respecto de la acusación de que «no se escuchó ni citó al padre ni a la madre. Esta acusación está fundada en la ley 2704 y la ley 1270 que esta derogada, no tiene sustento legal», apuntó.

Hizo notar que «los actos realizados por uno de los progenitores cuentan con la aprobación del otro, esto queda demostrado». Además, dijo, «el fiscal reconoció que no había expedientes de violencia, por lo que se cae la acusación. ¿Para qué le iba a dar intervención a equipos técnicos de Niñez ante presunta vulneración de derechos cuando se ha reconocido que no había violencia?», preguntó de modo retórico.

Insistió en que la acusación «no tiene fundamentación».

Cristian Dupuy, padre del asesinado Lucio Dupuy, admitió que él mismo estuvo de acuerdo en que el chico se fuera con la madre después del tiempo de tutela con su tía. También reconoció que no percibió hechos de violencia y que nunca imaginó algún maltrato.

Cuando le preguntaron por el trámite desde el momento en que la madre entregó a Lucio a su tía, Cristian contó que «la madre decidió volverse a Pico, yo me quedé en Luján por trabajo y lo dejé al cuidado de mi hermano y su pareja. Luego decidí volver a Pico, no era justo que Lucio esté sin su mamá ni su papá. Ellos habían arreglado una especia de tutela. Lo veía a Lucio los fines de semana, y cuando podía en la semana también», contó.

«Yo nunca pensé que le iba a hacer daño, tengo mucho remordimiento, mucha culpa de poder haber hecho algo más», confesó el padre del niño asesinado.

También aclaró que del trámite legal «nunca supe nada, sólo sabia que lo iban a devolver. No podíamos hacer nada, dije que estaba bien, que era la madre. Nunca me citaron de ningún lado, no hubo ninguna notificación para un trámite».

Leticia Hidalgo, tía de Lucio Dupuy y declaró como testigo en el jury. Contó que se hizo cargo del nene desde fines de 2018 y que terminó aceptando su entrega por «cansancio», porque «recibía amenazas» de la madre y porque «ya no sabía qué más hacer» desde el punto de vista legal.

«Lo mandábamos a la guardería, nos pedían un papel porque no teníamos nada legal. Hicimos una exposición en la Policía de Santa Rosa y otra en General Pico, me pedían una guarda, no sabíamos lo que teníamos que hacer», relató.

Explicó que una abogada de apellido Coronel inició trámites en ese sentido: «Me otorgaron la tutela, todo normal. Pasaron casi dos años hasta que la madre lo volvió a pedir. Ella andaba de mochilera y en ese tiempo tuvo muy poco contacto con Lucio. Cuando hacían videollamadas, Lucio no sabía quién era, había poco contacto personal. Pasó de esa situación a pedir al tenencia, que le devolviera el nene, diciendo que era su hijo», recordó.

Apuntó: «Yo le dije que no se lo quería dar. Yo lo tuve casi dos años y nunca me preguntó por su mamá». Refrescó que la citaron por el tema y le pedían que devolviera a Lucio: «mi hija más grande me pidió por favor no se lo devuelva», apuntó. «Me llamaba la abogada de ella para que se lo devolviera. Siempre me amenazaban, que me iba a pasar de todo», aseguró en medio de un rapto de emoción durante su testimonio.

Sin acuerdo por el reclamo de cuidado personal se arregló sí un régimen comunicacional. Ahí comienza a ir la madre y lo retira. «Ella no respetaba el acuerdo, venía cuando quería y yo no quería hacerle problemas», dijo Hidalgo. Relató situaciones de tensión y amenazas. En un momento la madre hizo una denuncia «y nos sacaron al nene».

«Más allá de la tutela, no podíamos hacer nada y nos decían que era su mamá. Todos los días nos denunciaba. No podíamos vivir así, no sabíamos cómo manejarnos. Cuando ella se lo llevó, hubo un régimen de visitas y ella tenía que ir a buscarlo a Pico», contó.

Entonces, «se lo llevó en pandemia y desde ese día no me lo devolvió mas. Lo tenía que llevar el lunes y me dijo que no se podía pasar de Santa Rosa a Pico. No podíamos vivir así, no podíamos vivir amenazados. Y firmamos ante abogados para que viviera con ella», dijo.

Explicó además que mientras estuvo con ella «la vida de Lucio era normal, iba a la guardería, tenía sus amigos, nuestra iglesia, una vida normal. En Santa Rosa no tenia a nadie».

Fuente:

El Diario de La Pampa

eldiariodelapampa.com.ar