La toma de tierras y las advertencias de Alberdi
Juan Bautista Alberdi, padre de nuestra Carta Magna, decía: «Las Constituciones serias garantizan derechos, no promesas.» Pues bien, con el correr de los años, en sucesivas modificaciones, se han ido incorporando “derechos”, que en realidad, son sólo promesas
Nuestro país es una fuente inagotable de permanentes nuevos problemas. Ahora se sumó el tema de la toma de tierras. Y al respecto, voy a referirme a la toma en Guernica, que es muy similar a las que se vienen produciendo en varios puntos del país, pero diferente de las tomas por parte de comunidades indígenas , que entiendo están más relacionadas con cuestiones históricas, que con cuestiones habitacionales.
Creo que, en primer lugar, debe quedar en claro el carácter ilegal de estas tomas, que avasallan el derecho de propiedad. Está claro que no es necesario esperar que la justicia se pronuncie al respecto, tal como ha manifestado algún funcionario nacional, en la medida que las pruebas están a la vista, y ahí permanecen.
La toma es tan ilegal como lo es el robo de un auto. Pero, ¿por qué al ladrón de un auto se lo persigue y encarcela, y al que usurpa un terreno o vivienda, no? Creo que la respuesta está en la Constitución. Nuestra Carta Magna establece el derecho a la vivienda, pero no el derecho al automóvil.
Estamos entonces, en presencia de una colisión entre el derecho de propiedad, y el derecho a la vivienda. Colisión derivada de la demagogia y los errores de gran parte de nuestra dirigencia política.
Juan Bautista Alberdi, padre de nuestra Carta Magna, decía: «Las Constituciones serias garantizan derechos, no promesas.» Pues bien, con el correr de los años, en sucesivas modificaciones, se han ido incorporando “derechos”, que en realidad, son sólo promesas. Primer error.
La salud, la educación, la vivienda y la alimentación, con todo lo que puedan significar por su importancia, no son derechos. Son necesidades.
La Constitución establece las instituciones básicas sobre las cuales se organizará el sistema económico. Por ejemplo, el derecho de propiedad privada, si se adopta un sistema capitalista. Pero son los sucesivos gobiernos los encargados de llevar adelante las políticas que tiendan a maximizar el crecimiento económico, que permita a sus habitantes, satisfacer aquellas necesidades.
Nuestros abuelos y padres accedían a sus viviendas, a través del trabajo, el ahorro, la austeridad y los créditos a largo plazo. Tal como ocurre mayoritariamente en el mundo.
Pero eso fue hasta que el Estado Argentino se hizo deficitario, comenzó a emitir alegremente billetes (segundo error), y terminó pulverizando los ahorros y los créditos. ¿Quién quiere ahorrar y prestar en una moneda que se deprecia constantemente?
Luego, ante la imposibilidad de acceder a la vivienda mediante aquellos instrumentos naturales, ahora destruidos, los gobiernos creyeron encontrar una nueva “solución argentina”, al problema habitacional. Tercer error.
Estamos llenos de barrios hechos por el Estado, ya sea en forma directa o a través de créditos con fondos estatales (como el PROCREAR, por ejemplo), que invariablemente contienen un mayor o menor grado de subsidio, pero subsidio al fin.
El problema es que estos planes no son para todos. Mucha gente de bajos ingresos queda afuera, con el agravante, que terminan financiando mediante el pago de impuestos, el subsidio a personas en mejor situación económica, … y que son los que acceden a esos planes!! Es una redistribución del ingreso, pero al revés. Los de abajo mantienen a los de arriba. Claramente, un disparate.
El Estado, en su función de redistribuidor de ingresos, debe ir cubriendo umbrales desde abajo hacia arriba de la pirámide social. Eso es lo que hace cuando presta servicios de vacunación, seguridad, justicia, escuela primaria y secundaria, para toda la sociedad, sin excepciones.
Lo que no debe hacer, por injusto, es subsidiar a una parte de la sociedad, en la medida que la parte que no recibe el beneficio, está en la pirámide, más abajo que la población que sí lo recibe. Bueno, esto es lo que ha pasado con la política habitacional de las últimas seis décadas.
En el caso de la toma de tierras, no es extraño que gente de bajos recursos, que ve que otros en mejor situación económica acceden al derecho a la vivienda a través de ayuda del estado, finalmente opten por usar la fuerza para ejecutar ese derecho.
Aclaro que esto no constituye una defensa de las tomas, sino simplemente, es una explicación de las razones que podrían estar explicando de por qué ocurren.
