El Gobierno nacional resolvió eliminar los precios de referencia para las garrafas de gas licuado de petróleo
La decisión se formalizó mediante el Decreto 446/2025 y fue promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en conjunto con la Secretaría de Energía.
En plena ola de frío y frente a la crisis de abastecimiento de gas natural en distintas regiones del país, el Gobierno nacional resolvió eliminar los precios de referencia para las garrafas de gas licuado de petróleo (GLP). La decisión se formalizó mediante el Decreto 446/2025 y fue promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en conjunto con la Secretaría de Energía.
La medida se da en un escenario de fuerte incremento de la demanda: según la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA), el consumo de garrafas aumentó un 30% en los últimos días respecto al mismo período del año pasado. La situación es especialmente crítica en ciudades del interior afectadas por cortes de gas natural, cañerías congeladas y restricciones programadas.
«Se eliminan los precios de referencia. Los precios libres son la mejor brújula para un mercado sano», expresó Sturzenegger a través de su cuenta en la red social X. Hasta ahora, la Secretaría de Energía fijaba valores orientativos —$10.500 para garrafas de 10 kg, $12.600 para las de 12 kg y $15.750 para las de 15 kg— con el fin de garantizar el acceso equitativo y desalentar el comercio informal.
El nuevo marco regulatorio también modifica los requisitos para operar en el sector. Las empresas ya no necesitarán autorización previa para actuar como fraccionadoras, distribuidoras o comercializadoras de GLP, aunque deberán cumplir estándares de seguridad. La autoridad competente tendrá un plazo de diez días para requerir ajustes en caso de observaciones.
Sturzenegger argumentó que el decreto busca «reemplazar un modelo restrictivo por uno que respete el derecho al comercio», al eliminar permisos previos y permitir que la verificación de condiciones de seguridad pueda realizarse mediante organismos públicos o privados, no solo por el Enargas.
